Con la prórroga, el plazo de instrucción vence el 30 de noviembre. Luego de eso, el juzgado debe programará la audiencia preliminar, en la que se definirá si los exfuncionarios pasan a juicio o no.La Fiscalía General de la República (FGR) tendrá seis meses más para continuar las investigaciones y poder sustentar la acusación en contra del expresidente de la República, Elías Antonio Saca, y seis exfuncionarios procesados por los delitos de lavado de dinero, peculado y agrupaciones ilícitas. Los acusados, por tanto, deben permanecer en prisión hasta que concluya ese plazo y enfrenten una audiencia preliminar.
El plazo de instrucción vencía el próximo 31 de mayo, pero la Fiscalía presentó un escrito al juzgado Cuarto de Instrucción de San Salvador solicitando más tiempo porque aún no han finalizado las diligencias correspondientes al caso.
“Solicitamos seis meses más porque nos encontramos en un proceso penal complejo por el elevado número de personas naturales y jurídicas a investigar así como realizar diligencias de análisis patrimoniales por cada imputado, desde tiempos anteriores, la traducción de documentos y asistencias internacionales para determinar si los imputados tienen o han tenido bienes inmuebles en ciertos países”, se lee en el escrito que presentó la FGR.
Por lo anterior, el juzgado determinó otorgarle más tiempo, y también por que los peritos informaron que aún no estaban listas las pericia financiera. Asimismo, dijeron que en el tiempo que faltaba no alcanzarían a realizar la obtención de información de aparatos electrónicos.
Con la prórroga, el plazo de instrucción vence el 30 de noviembre. Luego de eso, el juzgado debe programará la audiencia preliminar, en la que se definirá si los exfuncionarios pasan a juicio o no.
El expresidente Saca; Élmer Charlaix; Francisco Rodríguez; Pablo Gómez; Jorge Alberto Herrera; César Funes y Julio Rank deberán continuar detenidos los siguientes seis meses en el sector 9 del centro penal La Esperanza, conocido como Mariona. La investigación de la Fiscalía apunta a que los siete procesados desviaron $246 millones de fondos del Estado hacia sus cuentas personales.
La defensa ha dicho que esa cantidad de dinero fue utilizada para pagar servicios del Organismo de Inteligencia del Estado (OIE). La exprimera dama Ana Ligia Mixco Sol de Saca y 16 personas más, también es procesada como parte de esta supuesta estructura que desfalcó al
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